COLUMNA INVITADA

Política en Movimiento/Angélica Beltrán

Como parte de las fracturas al interior del PRI tras la elección de Meade como abanderado del tricolor a la presidencia de México se puede leer la detención del operador político-económico del ex presidente nacional del PRI, Manlio Fabio Beltrones.

Se trata de Alejandro Gutiérrez, ex secretario general adjunto del PRI nacional acusado de desviar hacia las campañas electorales del 2016, recursos procedentes de los gobiernos estatales del PRI. Para el caso de Chihuahua la primera acusación es por el orden de 2 mil 500 millones de pesos del sexenio de César Duarte. Al parecer el recurso no se entregó y quedó en manos de los intermediarios. Todo este escenario sin duda tiene que ver con las pugnas al interior del partido, de otra forma las maniobras negras saldrían a la luz.

Aunque difícilmente este asunto podría mantenerse oculto pues por un lado el PRI perdió ésa y otras gubernaturas que prometió ganar, y por otro, el ex gobernador César Duarte Jáquez es perseguido de la justicia y hoy se encuentra prófugo, no obstante haber entregado su millonaria cuota. Seguramente desde su “exilio” el chihuahuense considera que alguien debe pagar por esa fallida operación política y ha comenzado a mover piezas.

Ley de Seguridad Interior y los sonorenses

El comportamiento de los 11 diputados federales por Sonora en cuanto al sentido de sus votos para la controvertida Ley de Seguridad Interior fue atípico, pues no reflejó ni postura ideológica clara, ni congruencia con sus respectivas bancadas; lo cual representa indefinición no sólo para sus respectivos grupos políticos sino hacia la sociedad.

Si bien por parte del PRI toda la bancada por Sonora votó a favor de la Ley de Seguridad Interior: Abel Murrieta, Ulises Cristópulos, Susana Corella y Sylvana Beltrones. En lo particular la diputada de Guaymas Susana Corella, no votó en ningún sentido, su voto registró un “ausente”.

Los cuatro diputados sonorenses del PRI restantes se mostraron alineados con el coordinador César Camacho, creador e impulsar de dicha iniciativa, y votaron a favor en lo general y particular, pese a tratarse de una ley que tiene en su haber más excesos que equilibrios, en el tema de la procuración de la seguridad al interior del país.

Diputados PAN.- Los que de plano no definieron en ningún momento su postura respecto a esta Ley fueron los diputados Leticia Amparano y Javier Neblina, quienes en lo general registraron voto en “abstención”, y en lo particular “Ausente”.

En tanto los diputados Everardo López y Agustín Rodríguez votaron en general en “abstención” y en lo particular “en contra”, tal y como votó la mayoría de los diputados del albiazul.

“En contra” era el sentido del voto que impulsaba el coordinador de los diputados del PAN, Marko Cortés, tal como definió la coalición Al Frente por México (PAN-PRD-MC) la línea política para votar esa Ley. La única alineada en ese sentido fue la diputada Teresa Lizárraga, cuyos votos en lo general y particular fueron “en contra” para la Ley de Seguridad Interior.

PES.-Por el lado de la diputada Refugio Garzón que a media legislatura pasó de un partido a otro, al renunciar al MC y adherirse a la fracción del Partido Encuentro Social, tampoco definió postura hacia la sociedad ni hacia su grupo político, al registrarse como “ausente” en ambas votaciones, en lo general y en lo particular.

Ernesto Gándara.-Desde el Senado el personaje sonorense que tuvo papel protagónico en la discusión, dictaminación y defensa de una ley que busca consolidar lo irregular en la procuración de la seguridad pública fue el hermosillense Ernesto Gándara, quien al igual que los otros senadores del PRI, Verde, PAN y aliancistas que respaldaron la Ley de Seguridad Interior, recurrió al falso debate del reconocimiento a las fuerzas armadas para justificar la estancia legal del ejército en las calles y la declaratoria unilateral del ejecutivo para ordenar el despliegue militar al interior del país en caso de alguna “amenaza a la seguridad”.

Un debate que rebatieron en la mesa legisladores opositores, pues una cosa es reconocer la labor del Ejército y la Marina y otra desechar el principio constitucional de que la misión de los militares es la defensa de la soberanía nacional contra naciones invasoras, y no la de hacer labores de policía para el resguardo de la seguridad al interior.

Así la llamada eufemísticamente Ley de Seguridad Interior fue aprobada en el Legislativo con la mayoría de votos del PRI-PVEM-PES-NA y votos de una minoría del PAN y del PRD. Sin embargo cabe mencionar que legisladores y sociedad civil han solicitado al ejecutivo vetar dicha ley; de no ser así interpondrán recurso de inconstitucionalidad contra la misma ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.