POLÍTICA

La Viña del Señor

Pues como se esperaba, la gobernadora Claudia Pavlovich, no iba a dejar escapar de sus manos la oportunidad de oro de mandar una terna sesgada de tiradores a ocupar la deseada Fiscalía General de Justicia en el Estado para que el Congreso del Estado eligiera al titular.

El empecinamiento de la gober busca calar –y provocar porque no?- a la nueva mayoría en el poder legislativo con la terna con fuerte olor priísta, compuesta por Claudia Indira Contreras, Jesús Gabino Cabanillas Herrera y Rafael Ramírez Leyva.

En su libro “Vigilar y castigar. El nacimiento de la prisión”, el francés Michel Foucault, refería que es consustancial al ejercicio del poder el control social.

Algo se eso se juega en la coyuntura actual que rodea al nombramiento de los sustitutos de “El Rudy” Montes de Oca y de “El Conito” Adolfo García Morales, dos puestos claves en la administración para combatir la inseguridad.

Un arquitectura para el control político

Desde que impulsó la contrarreforma conocida popularmente y mediáticamente como “Ley Veto”, se evidenció que el grupo beltronista iba por el control total de las instancias de poder público, pues el privado ya lo tenían a través de Ricardo Mazón, el compadre de Manlio y gran mandón al interior del gobierno del estado.

Y si de paso anulaban a Morena, como partido ganancioso en la elección del primero de julio pues mejor. La cooptación del PT, en ese proceso resultó algo fácil y sus consecuencias están por verse.

A partir de la configuración y diseño perverso del sistema anticorrupción en la entidad bajo control y para beneficio del gobernador en turno y el arribo a los principales cargos, como el Tribunal de Justicia Administrativa para el compadre claudillero Aldo Padilla; la Fiscalía Anticorrupción (FAS) con Odracir Espinoza; la vicefiscalía para delitos electorales para Pedro Pedro Chirinos; la nueva Fiscalía General de Justicia del Estado para “El Rudy” Rodolfo Montes de Oca y en donde no se queda atrás ni el Instituto Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (ISTAI). Por su buen comportamiento y por avalar las reformas, el presidente del Supremo Tribunal de Justicia el magistrado Francisco Gutiérrez Rodríguez, amarró otros seis años en el cargo. Todo en familia priísta.

Incluso, el Consejo Ciudadano de Seguridad Pública, también quedó tocado por la sospecha, al incluir a personajes afines al partidazo, como el exsecretario de gobierno “El Tribilín” Oscar López Vucovich.

Todo ese entramado responde a los deseos del grupo gobernante de mantener el manejo de los hilos, sino como se expresó en su momento era un sistema anticorrupción a modo, sin dientes y con personajes afines a la cabeza. El resultado lo dice todo.

La gota que derramó el vaso, fue el recrudecimiento de la ola de violencia en el sur de la entidad y la renuncia de los titulares de la fiscalía y la Secretaría de Seguridad Pública estatal Rodolfo Montes de Oca, quien se fue de asesor del polémico diputado Luis Armando Colosio, presidente de la Comisión de Seguridad Pública del Congreso y para más señas compadre de Alfonso Durazo y “El Conito” Adolfo García Morales, dos de los personajes más cercanos a la gober.

Incapacidad Opositora

Luego del registro de 50 aspirantes a ocupar la titularidad de la Fiscalía General del Estado y un procedimiento complicado y con lagunas para elegirlo, el Congreso del Estado de mayoría de izquierda eliminó a seis aspirantes y pasó la bolita al Consejo Ciudadano de Seguridad Pública, para que este enviara una lista a la gobernadora, quien remitiría una terna al Congreso, desde donde ésta instancia escogería al nuevo fiscal.

Mucho se dijo que esa era una oportunidad para que Morena y sus aliados el PT y el PES, impusieran sus fueros y condicionaran la elección del fiscal a personas con perfil profesional y con absoluta independencia del gobierno claudillero.

No pudieron o no quisieron y dejaron morir la oportunidad de avalar perfiles acordes a las exigencias y necesidades de contar con una Fiscalía que sirva.

Si viene s cierto que entre los 50 aspirantes registrados había de todo: excelentes profesionistas con sólidas credenciales, recomendados, gente del Rudy, lobos con piel de oveja y demás, también habían concurrido a la convocatoria personajes de diversa trayectoria y experiencia tanto el servicio público como en la iniciativa privada como el exsubprocurador y exmagistrado del tribunal Fiscal Rafael Acuña Griego; el exdirector regional jurídico de Telmex y catedrático universitario Ramón Armando Alvarez Nájera; el presidente de la Barra Sonorense de Abogados Héctor Contreras, el consentido del exfiscal Montes de Oca; el abogado de Otto Claussen en Guaymas Francisco Javier Carrasco Valenzuela y muchos más.

Tres tristes y tricolores tigres

Por su parte ni el Consejo Ciudadano de Seguridad Pública hizo su chamba derivado de su composición intencionada y las voces que pesan a su interior y decidió poner en charola de plata el nombramiento para que “La Güerita”, bateara la bola y la pusiera en la cancha de los legisladores.

Le dejaron las manos libres y se sirvió con la cuchara y hasta se le pasó la mano.

De “ese filtro”, finalmente, la gobernadora sacó la terna que envió al Congreso para que escogiera. Claudia Indira Contreras, Gabino Cabanillas y Rafael Ramírez Leyva, fueron los que se sacaron la Lotería. Los tres obvio cuentan con la bendición de Claudia Pavlovich y la confianza de Manlio Fabio Beltrones, el jefe real del gabinete.

Indira, ya es vicefiscal de Feminicidios y Delitos por Razones de Género de la Fiscalía General, rubro que no mengua. Su cercanía con “El Rudy”, la pone como favorita del stablishment claudillero. Su falta de roce político es su principal debilidad. Difícilmente se le ve lidiando con las embestidas del crimen organizado de adentro y de afuera o negociando de tú a tú con verdaderos elefantes de la grilla como “El Poncho” Durazo. No da para tanto la dama.

Su nombre apareció junto a otros en una narco manta dejada colgada en un puente peatonal en la capital. Verdad o mentira lo escrito, pero ahí está.

Rafael Ramírez Leyva, es un conocido catedrático de la escuela de Derecho de la UNISON y lleva tatuado sobre la piel el herraje del logo del PRI. Por eso nadie duda a que intereses responde. Su fortaleza es su experiencia en el ramo público y la serenidad de criterio que requiere el cargo. Su linaje tricolor le daña y no encaja ante los nuevos tiempos de transformación.

El detalle y sin ofender, es que los mejores y más productivos años del maestro pueden haber pasado.

¿Un golpeador en la Fiscalía?

El caso de Jesús Gabino Cabanillas, es especial. Hijo de padre cacique charro de la CTM, el servicio público ha sido lo suyo. Uno de sus hermanos estuvo al frente de la Comisaría de Seguridad Pública en los primeros días del gobierno de Célida López en Hermosillo. Cabanillas lideró el grupo conocido como “Los Cachunes”, en la escuela de Derecho de la UNISON, al que pertenecieron la propia Claudia Pavlovich y “El Rudy” Montes de Oca, cuando hacían sus pininos en la grilla universitaria. Ante lo rudo de la política estudiantil terminaron en el desprestigio ante las bases.

Se ganó el remoquete de “El Cavarillas”, cuando un primero de mayo llegó frente a Palacio de Gobierno en un carro y repartió varillas de fierro entre los grupos de choque de la CTM para dispersar la marcha de los partidos de izquierda y de los sindicatos independientes como el de los telefonistas, CNTE, STEUS y el STAUS de la Unison.

En ese evento hubo golpeados, correteados y corrió sangre. Bien se debe acordar “El Boby” Roberto Vélez de la Rocha, entonces líder del sindicato de TELMEX y actual dirigente estatal de la ANAD.

Desde entonces la fama de golpeador y mico lo persigue, a pesar de su ocultamiento en la burocracia estatal.

Ya se verá si esa terna de tigres tricolores pasa la aduana del morenismo a punto de asumir el poder federal.

Por una fiscalía que sirva

Por lo pronto a simple vista la terna propuesta no cumple con las exigencias de contar un fiscal capaz de combatir la corrupción –ahí está el caso Telemax y el las corporaciones policíacas--, abatir la impunidad, garantizar la seguridad de las familias y su patrimonio, proveer un clima propicio para la inversión y el empleo y enfrentar la amenaza del crimen organizado y desorganizado, incluso el uniformado y promover una política criminal eficaz de prevención de delito, cuando Escudo Ciudadano, el programa non del gobierno estatal, no funcionó y dejó mucho que desear en la materia.

El sistema de procuración e impartición de justicia en crisis

Es sabido que las instituciones de procuración e impartición de justicia no han funcionado. El sistema policiaco, menos. Los tres rubros ameritan cirugía mayor.

Para que todo el sistema funcione requiere de ministerios públicos, investigadores, peritos, jueces, policías y cárceles. Todos funcionales y haciendo su tarea. Y eso es precisamente de lo que se carece.

El nuevo sistema de justicia penal oral ha dejado mucho que desear en su implementación y sus operadores se han viso rebajados por las expectativas creadas y el incremento de los delitos. La promesa que lo acompaño que consistía en que iba a frenar la inseguridad quedó en el aire ante el 99% de nivel de impunidad.

El nepotismo y agandalle en el Poder Judicial Federal, es otro de los puntos álgidos a retomar y depurar.

Temas como Ayotzinapa, debieron ser abordados desde las óptica del derecho convencional, con la creación de Comisiones de la Verdad, ante la nulidad investigativa del ministerio público, que desde hace rato dejó de ser una institución de buena fe.

La esperanza muere al último

Ante la incapacidad mostrada por los gobiernos estatales de lidiar con el flagelo de la inseguridad la expectativa y esperanza ciudadana está puesta en el anuncio del Plan de Seguridad del próximo gobierno federal, que incluirá la creación de la Secretaría de Seguridad Pública y de Participación Ciudadana, liberación y regulación de algunas drogas como la cannabis, amnistía, la Guardia Nacional, la división del país en 266 zonas, capacitación policíaca, contratación de 50 mil jóvenes para engrosar la filas de la seguridad pública y otras medidas.

A días de que AMLO tome las riendas del poder federal su propuesta para frenar la inseguridad, combatir la corrupción y acabar con la impunidad son pendientes en espera de respuesta para la colectividad.

El Peje, no debe echar en saco roto los consejos del jurista Diego Valadés, autor del libro “El control del poder”, que declaró en la revista Proceso y que tanto lo irritó, pero después atendió al reunirse con las bancadas de Morena.

Mejorar las instituciones infuncionales dentro del marco constitucional para transformar el régimen no está en contra del proceso democrático. El líder del país debiera saberlo.