POLICIACA

La Viña del Señor

El gatopardismo, ese fenómeno que simula cambiar para seguir igual, permea de arriba abajo a las instituciones del Estado y a sus líderes políticos, que venden como novedades recetas del pasado ya probadas como fallidas o se hacen que la virgen les habla ante el cúmulo de problemas y demandas ciudadanas, ventiladas hasta la saciedad en la campaña reciente, en comparecencias ante los órganos competentes, como es el caso de los funcionarios públicos y en foros y consultas, como la del NAIM, que tanto irritó al sector fifí de la inversión y de la sociedad.

En nombramiento del Fiscal General de Justicia en el Estado, no escapó a esa nefasta práctica de la clase política mexicana, que la Cuarta Transformación se ufanó en borrar.

El Congreso del Estado dejó pasar la oportunidad de sentar las bases para la mejora de una institución a todas luces en la lona, según el decir de quienes integraban la terna claudillera enviada para seleccionar al bendecido por los dioses del poder legislativo, previa negociación entre los que mandan.

Una fiscal carnal

El nuevo titular de la fiscalía será transexenal pues durará 9 años en el cargo y eso deben de haberlo sopesado quienes metieron mano para que Claudia Indira Contreras, quedara en el cargo.

La nueva funcionaria proviene de las entrañas del monstruo, pues buena parte de su carrera ha servido en la institución desde que era Procuraduría y le tocó vivir su transformación en Fiscalía y ocupar la vicefiscalía de Feminicios y de Delitos Sexuales por Razones de Género.

Y si durante el primer tramo de su gobierno Claudia Pavlovich, tuvo libertad para imponer una política anticrimen para atacar flagelos como el incremento de la inseguridad y la impunidad, se ve difícil que pueda remontar en la recta final del sexenio, cuando el gobernador pierde capacidad de maniobra y es sometido a tiroteo y torpedeo interno y externo, derivado de la etapa sucesoria.

¿Y la autonomía del MP apá?

En ese proceso, que involucró al propio Congreso, a un supuesto Comité Ciudadano de Seguridad Pública y a misma gobernadora Claudia Pavlovich, imperó la salida negociada y se dejó manos libres a “La Güerita”, en el nombramiento del nuevo fiscal, a quien tendrá como uno de sus empleados y subordinados, la cual ha sido la tónica con esa figura, a pesar de los discursos y sesudas doctrinas de juristas de la talla de Héctor Fix Zamudio, que hablan de la autonomía del MP, una sacrosanta calificativa para una institución muy desprestigiada socialmente.

Ya desde antes de que pasara al pleno del Congreso el nombramiento del nuevo fiscal, por voz del propio presidente de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales Jesús Alonso Montes Piña, diputado local sanluisino, se vio por donde venía la jugada cuando declaró que no era viable elegir a alguien antagónico a la gobernadora (periódico Expreso 15/11/2018). La línea era clara: No incomodar a la jefa del ejecutivo.

En su dictamen la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales habló maravillas –pero le faltó crítica-- de los propuestos, cuando lo cierto es que ni Rafael Ramírez Leyva, ni Gabino Cabanillas Herrera, ni la seleccionada Indira Contreras, garantizaban de entrada la autonomía de la institución ministerial.

Durante sus comparecencias ante dicha comisión los seleccionados desnudaron como queriendo y no, porciones del verdadero estado de la fiscalía estatal y que cualquier abogado postulante de mediano pelo conoce a la perfección: que en las agencias del MP permean prácticas viciadas como el tortuguismo y la prepotencia, que las víctimas de los delitos son revictimizadas, que la mediación es puro pedo, que su personal carece de formación profesional y que la implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal ha sido deficiente y que en ella sus operarios tienen gran culpa. Tales cuestiones han convertido a la Fiscalía en una institución débil y frágil, además susceptible a la crítica.

Al final de cuentas dicha instancia camaral no refirió a la urgencia de una política criminal que evite que Sonora se convierta en otro Tamaulipas en tiempos del Cártel del Golfo y de Los Zetas, hacia donde ya iba a pasos agigantados, con un municipio de Cajeme, convertido en tierra de nadie.

“El Fofo” Rodolfo Lizárraga, un farandulero y escandaloso diputado local del PT, seguidor de las frases del Ché Guevara, cuyo alcance de fondo escapa a su elemental formación político-ideológica, afirmó que vigilarán que la fiscalía respete los derechos humanos. Palabras al aire dignas de risa, si no se tratara de un asunto tan delicado que implica al sistema de procuración de justicia y de política criminológica, que autores como Eduardo Lozano Tovar, autor del libro “Política Criminal en la sociedad moderna”, si se toman con seriedad.

El Congreso al final decidió que doña Justicia puede esperar mejores tiempos para ser remozada.

El Congreso, una vaca que no da leche

De antemano se sabía que el Congreso del Estado, es la arena non de la grilla y un ring en donde se manifiestan los intereses de los grupos fácticos.

La legislatura pasada es el mayor ejemplo de ello: Cuatro diputados panitas fueron cooptados sin pudor y sumados a la causa del PRI-Gobierno. “Las cuatro llantas ponchadas”, los calificó el exlegislador Javier Dagnino.

Más adelante aprobó la conocida como Ley Pano, un bodrio inconstitucional, que en el fondo recogía el sentir de grupos empresariales y ciudadanos azotados por la delincuencia. El Congreso aprobando leyes que van en contra de la letra de la Carta Magna, si constituyó un para Ripley.

La batería de reformas constitucionales que comprendió la Ley Veto a días de terminar el mandato la legislatura saliente, para blindar a la gobernadora Pavlovich, convertir en intransitable al rendición de cuentas y la remoción de funcionarios del Congreso, fue un ejercicio de cinismo y subordinación pocas veces visto, aunque en el pasado el nombramiento del panista Sebastián Sotomayor, como magistrado del Supremo Tribunal de Justicia, fue una afrenta a la autonomía de dicha instancia legislativa y de la misma judicatura.

Así que con esos antecedentes poco se podía esperar del Congreso, a pesar de su nueva composición política de mayoría de “izquierda”, con la cual nadie extraña a la anterior derecha panista y priísta.

La aspiración de Héctor Contreras, exsubprocurador de Justicia y de las gentes más cercanas al exfiscal Rodolfo Montes de Oca y a la par presidente de la Barra Sonorense de Abogados, subordinó a ese organismo gremial a la búsqueda cargo al que aspiraba su dirigente.

De entre las agrupaciones que llamaron la atención sobre la necesidad de implementar políticas públicas que atendieran las quejas ciudadanas en torno a las deficiencias del sistema de procuración de justicia, la Asociación Nacional de Abogados Democráticos-Sección Guaymas (ANAD-Guaymas), hizo un posicionamiento público dirigido al Congreso del Estado.

Sus agremiados padecen a diario en sus gestiones y trámites ante las dependencias policiacas, agencias del mp y juzgados la realidad que permea en el sistema de justicia y la actitud de quienes no asumen su calidad de servidores públicos. Eso el Congreso debió saberlo.

Ver todo el bosque, no solo el árbol

Y mientras el nombramiento del nuevo fiscal acaparaba los reflectores, en los alrededores se fraguaban otros nombramientos claves para el control del sistema de justicia.

Días antes Francisco Gutiérrez Sánchez, flamante presidente del Supremo Tribunal de Justicia en Sonora, era ratificado por su corte de magistrados independientes. Gutiérrez, ha sido un legimador y apoyador innegable de las propuestas claudilleras como la Ley Pano y la Ley Veto y forma parte del engranaje del sistema anticorrupción a modo. Eso le valió al magistrado.

El máximo órgano del Poder Judicial sonorense perdió todo el respeto cuando durante el gobierno de Guillermo Padrés, sus integrantes se cruzaron de brazos dejaron pasar la imposición de un inexperto en cuestiones de la Ley como Sebastián Sotomayor, como presidente de los togados.

Ese mismo día 15 de noviembre, el priísta y mejor compadre de la gober Aldo Pa(n)dilla, fue ratificado al frente del Tribunal de Justicia Administrativa, otra pieza estratégica de poder claudiño y que impidió la salida de los funcionarios despedidos del Congreso a pocos días de finiquitar la anterior legislatura.

A nivel federal la Suprema Corte de Justicia de la Nación, declaraba inconstitucional la Ley de Seguridad Interior peñanietista y el Senado aprobaba la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, que tanta polémica desató a raíz del Fiscal Carnal y cuya autonomía exige del nuevo el colectivo #Porunafiscalíaquesirva.

Igualmente, el presidente electo Andrés Manuel López Obrador y su futuro secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (sin lo pública), presentaban el ambicioso Plan Nacional de Paz y Seguridad (2018-2024), en donde se contempla la creación de la Guardia Nacional bajo mando del titular de la SEDENA, la permanencia de los militares en las calles, mientras ni una coma mereció el tema de la narcocultura que permea en múltiples manifestaciones ideológicas en una evidente apología del delito como en muchos narcocorridos de grupos y bandas como Los Tucanes de Tijuana, Tigres del Norte, Calibre 50 y demás.

Por lo pronto Amnistía Internacional, llamó la atención a desterrar el militarismo de la propuesta pejista.

Se impone agenda política sobre la de seguridad

No se requiere ser muy ducho en menesteres de la grilla para intuir que de nuevo la agenda política de los actores sobre la demanda de seguridad y combate a la delincuencia.

O sea, al anteponer los intereses políticos se da al traste al ministerio público, como una institución del sistema de justicia digna de mejora o se le mantiene en el pantano en que se encuentra.

Con estas medidas se ahonda el proceso de fortalecimiento del Estado y de debilitamiento de la sociedad en materia de seguridad pública que advertía el investigador Sergio Zermeño, en “La desmodernidad mexicana y alternativas a la violencia y a la exclusión en nuestros días”.

Como se ve, con esos políticos la sociedad siempre pierde…