POLICIACA

La Viña del Señor

Entre la tropa que da la cara por la seguridad de los guaymenses empieza cundir la idea de que ya basta de imponerles mandos externos que no conocen la problemática de la corporación policíaca, los cuales históricamente más que soluciones al entrar se convierten en parte del problema.

Los hechos están a la vista. El fracaso de quienes han llevado las riendas de la Dirección de Seguridad Pública, ha dejado más elementos inconformes que contentos.

Por eso el hecho de que se mencione que un militar, ingeniero naval, sin formación policial, viene cual destino manifiesto a dirigirlos ha levantado un mar de indignación, cuando es conocido de que entre los uniformados hay gente capaz, proba y experimentada, sabedora de los entretelones e intereses creados que operan al interior.

Incluso saben bien a bien quien es quien en la dependencia. Es decir, a quien sirven o que tan eficaces son como elementos policiacos.

Y pues bien harían los regidores del ayuntamiento porteño en oír lo que tienen que decir los que exponen el pellejo, le sea reconocido o no por las autoridades y la sociedad, para salir del callejón sin salida en que la seguridad pública se ha convertido en gobiernos ausentes, que han dejado la iniciativa a las bandas mafiosas con más poder de fuego y protección política que las propias policías.

Un burócrata más, sin don de mando y empatía o incapaz de poner disciplina, al frente de una corporación que amerita una percudida, una depuración y ser saneada de malos elementos, es volver a experimentar y enfilarse al fracaso.

A la llegada de Lorenzo De Cima a la administración (2015-2018) su jefe de policía, un exmp como Humberto David González Cano y su segundo de abordo Efraín Godínez, decidieron desmantelar al grupo operativo, un cuerpo de élite de reacción rápida muy señalado socialmente al que detectaron como una amenaza para el buen funcionamiento de la dirección de seguridad pública. Tiempo después los citado salieron de la dependencia sin lograr su cometido, salvo el económico.

El comandante Silvestre Armenta, quedó encargado del despacho de Seguridad Pública por mientras.

La agrupación Sangre Azul, que aglutina a bastantes gendarmes y que lidera el comandante Obed Medina Leyva, promueven interesantes peticiones a favor del gremio y bien podrían convertirse a favor a tomar en cuenta en una remozada de la corporación.

El complicado panorama estatal

En la busca de soluciones no hay respuestas fáciles y por lo mismo no cabe la improvisación, tal como quedó demostrado en los últimos días en la entidad y concretamente en Guaymas, en donde se han presentado ataques a policías y balaceras a plena luz del día

Aunque por la víspera se saca el día, se habla de 150 homicidios dolosos en el trienio pasado y más de 500 levantados o desaparecidos en Guaymas y Empalme, lo que ya valió un alerta por parte de la embajada de E.U. para que sus empleados se abstengan de visitar ciudades de Hermosillo al sur.

Con la salida del fiscal carnal estatal Rodolfo Montes de Oca y el titular de la Secretaría de Seguridad Pública Adolfo García Morales, “suponese” dos chuchas cuereras en los temas de sus dependencias, quedaron acéfalas dos estratégicas áreas, por razones y versiones que van desde el embate de los grupos criminales, hasta que el Peje y Alfonso Durazo, metieron mano o de que ambos exfuncionarios tienen pendientitos al involucrárseles en actos de corrupción advertidos por la Auditoría Superior de la Federación sobre deficiencias administrativas, programáticas y en uso y destino de recursos federalizados. La mezcla explosiva de líos judiciales como el caso Pancho Platas y aumento de la violencia, los reventaron. Nomás.

Dicho movimiento obligará al enroque y pone de entrada la pelota en la cancha del Congreso del Estado, quien tendrá injerencia en el nombramiento de un fiscal imparcial, independiente y eficaz, según los parámetros esgrimidos por Morena. O sea, Durazo y Jorge Taddei, llevan mano como en todo juego que tiene desquite. Manita de cochi le harán a la mandataria quien tendrá que salir de su zona de confort y encarar a sus detractores.

En el nombramiento de los sucesores en dichos cargos, pasa por un Consejo Ciudadano de Seguridad Pública de corte elitista, de inclinación tricolor y proclaudillero y tal sesgo político choca con la visión transformadora que derrotó en las urnas a proyectos o estrategias fracasadas como Escudo Ciudadano, programa non de prevención del delito de Claudia Pavlovich, cuando se contabilizan más de 700 homicidios en el último año.

Para la fiscalía suenan los abogados del círculo íntimo del Rudy Héctor Contreras Pérez, Raúl Guillén y el beltronista Erick Iván Jaime Archundía. También suena Horacio Valenzuela. Todo en familia, pues.

El diputado petista Rodolfo Lizárraga, empuja un plan de 60 días para la seguridad y como parte de la Comisión del Congreso, recibió los documentos del panista Héctor Hernández, contralor de Otto Claussen, quien busca convertirse en fiscal general. De risa loca la descabellada idea de la “Mujer Barbona”, quien hizo oídos sordos al despapaye del Alemán y persiguió y se “arregló” con exfuncionarios de César Lizárraga.

Está tan critica la situación que la gober pidió ayuda al presidente Enrique Peña Nieto, quien poco o nada hizo en el rubro durante su sexenio y se habla de gestarse una huelga en la PF por viáticos no pagados, para enfrentar la emergencia, que según World Justice Protec, coloca a Sonora entre los estados peor evaluados en niveles de violencia, corrupción e impunidad y resultados que el presidente del Supremo Tribunal de Justicia Francisco Gutiérrez Rodríguez, rechazó.

Las bancadas de Morena, PES y PT más la Lola del Río, en la legislatura estatal se lanzaron a solicitar que el gobierno federal retome la seguridad pública en la entidad.

A nivel nacional el Poncho Durazo y el equipo de seguridad de AMLO se tomó un respiro y suspendió los foros de la pacificación y reconciliación, para armar la propuesta de Secretaría de Seguridad Pública Federal y el plan de seguridad.

Cero y van dos: se desmorona la administración de Sara Valle

De los cuatro funcionarios de primer nivel nombrados el 16 de septiembre, como la canción de los perritos a la alcaldesa Sara Valle Dessens, ya nomás le quedan dos.

El primero en brincar del barco fue el excontralor Jesús Osuna Agramont, quien duró cuatro días en el puesto. El cuñado cómodo Santiago Luna García, está impugnado, no puede firmar y ya le dicen el pavo, pues corren apuestas que no llega diciembre.

El segundo en abandonar la nave es Daniel Morales Pardini, quien renunció a la comisaría de Seguridad Pública, puesto en el que duró apenas tres semanas. Al cargo llegó de la mano del cuñado incómodo Santiago Luna García y era pieza clave en el proyecto del grupo Coyota, que arribó con aires de conquista al puerto.

El Dany, quien ni siquiera pasó por el escuadrón Vial de Bolaños, sufrió las de Caín tras atentado que costó la vida de cinco agentes policiacos que coronó la vorágine de violencia que asola desde hace tiempo al municipio y que ya había tocado a la corporación en los casos de los comandantes Genaro Bogarín ---que provocó la salida del jefe de la policía Norman Castillo-- y Lilián Arce.

Su reconocida fidelidad a la banda será premiada con la Contraloría municipal, instancia en donde ya tiene experiencia habida cuenta que en el pasado sobrevivió un proceso administrativo –el expediente 35/03-- en el área de responsabilidades del Órgano Interno de Control SAGARPA, motivo por el cual dejó el cargo de oficial de la Profepa.

La prudencia finalmente se impuso y la cosa no pasó a mayores, pero quedó claro que no se tienta el corazón y confirmó lo declarado por Oscar Villa Encinas, su comandante en los álgidos días previos a su revocación de mandato cuando ordenó echarles gases lacrimógenos a los ediles que la criticaban y balear el auto del “Flaco” Raúl Rodríguez.

Para la Ley de Gobierno y Administración Municipal y la Ley de Seguridad Pública estatal, lo sepa o no Sara, la cadena de mando le llega y atañe.

¿El ratón detrás del gato?

Después del evento sangriento la psicosis abunda en el puerto y en los elementos policíacos. Tal pareciera que el ratón anda detrás del gato.

El viernes anterior toda la caballería se desplegó para detener a tres albañiles en la colonia Montelolita. Y así por el estilo dan palos de ciegos para justificar la chamba.

Una Hummer cerca de una patrulla puso de nervios a más de tres ante el ambiente pesado que dejó entre los hombres de azul los hechos del jueves pasado, en donde se indaga a cierto mando que salió ileso del atentado.

Ráfagas de disparos por rumbos de Las Golondrinas provocaron este martes la movilización de las fuerzas del orden en más de 15 unidades de la Gendarmería, policía municipal y policía estatal.

Mientras la policía municipal está en un estado de zozobra, se recibió como algo de muy mal gusto ante el luto de las familias afectadas y como un balde de agua fría por la insensibilidad mostrada, cuando el horno no está para bollos, el nombramiento del responsable del Comité de Festejos que habrá de organizar las fiestas del carnaval 2019. El show debe continuar, debió decir la alcaldesa, mientras el vacío de poder en la policía sigue ante la falta de un titular capaz.

Ver pegados a dos aves de malagüero en la Marcha por la Paz como Jaime Moreno Berry a Sara y Raúl Sánchez al secretario técnico Alejandro Rodríguez Zapata, “El Piolas”, de la gente que se trajo “El Cabezón”, no fue buen mensaje para el respetable.

¿Militarizar la seguridad pública?

Ante el fiasco que representó Daniel Morales en la jefatura de policía y el descontrol que vive la dependencia se impulsa al capitán de navío C.G. retirado Rodolfo Frías Zavaleta, para entrar en su relevo con el supuesto aval de la Armada de México.

A su nombramiento fast trax se opusieron los regidores José Luis Portillo Liera (Morena), Sergio García (Movimiento Ciudadano) y Ernesto Uribe (Independiente), por lo apresurado. Mientras tanto en dicha sesión el coordinador de asesores de Rodolfo Lizárraga, es decir el exvilleguista Roberto Palafox “El Pipas”, le daba línea al regidor petista y presidente de la Comisión de Seguridad Pública Iván Rodríguez Nava y el reportero Carlos Razcón Valenzuela, indagaba respecto a cierta calidad de blindaje.

Los ediles exigieron checar si tal marino no es militar de espada virgen, cuenta con pericia en las lides policiacas y si cumple los requisitos del apartado A artículo 140 de la Ley de Seguridad Pública del estado para dirigir una institución policial civil, muy diferente a una de tipo militar, es decir si está apto física, medica, ética y psicológicamente para desempeñar el cargo, además de haber cubierto los exámenes de evaluación y control d confianza, porque caras vemos, corazones no sabemos. Ya se vio lo que pasó por obviar tales requisitos con Morales Pardini, en donde no bastó el apoyo del caudillo Luna.

Con sus argumentos los regidores le mojaron la pólvora a la alcaldesa y Sergio García, se fue los ediles bultos, esos que levantan la mano a indicaciones de su amo.

En la sesión pasada, ante la situación caótica los ediles aprobaron solicitar al Congreso del Estado apoyos extraordinarios por 35 mil pesos diarios para gasolina de las patrullas y 160 pesos diarios para comidas de los agentes, que laboran doce horas al día, además pugnaron los regidores opositores de que se indague como se aplicaron los recursos autorizados en el presupuesto del 2018. La PGR se dice ya investiga sobre la compra de chalecos para la policía.

El lunes anterior, cuando el sindicato del ayuntamiento SUTSEG, protestaba en palacio municipal, Daniel Morales, siguiendo instrucciones de su jefa la alcaldesa, quien se hizo perdidiza para no atender a los sindicalistas e hizo circular la nota, con foto incluida, de que se encontraba en Phoenix tirando la primera bola en un partido de beis con Rodolfo Lizárraga, Heriberto Aguilar y Ana Gabriela Guevara, mandó al Grupo Operativo –el cual sería atacado dos días después— para atorar a los trabajadores.

El ejemplo más claro de militarización fallida es el de la Policía Federal Preventiva, institución creada en el gobierno de Ernesto Zedillo, con el traslado de varios batallones de la policía militar y los excesos y omisiones al actuar fuera de los protocolos de uso de fuerza quedaron evidenciadas en San Salvador Atenco, Oaxaca con la APPO, Nochixtlán y Ayotzinapa.

La policía a la que se aspira

Por eso ahora, que el tema se ha puesto sobre la mesa – por supuesto falta de seguro de los policías ultimados, chalecos de mala calidad, bajos sueldos, patrullas sin gasolina, etc.-- no se permite, si en verdad se busca encaminarse hacia la solución de un asunto tan peliagudo traer de vuelta cartuchos quemados como un José Bolaños Castro o un Julio Vidaurrázaga y otros más que suenan.

Ana María Vega, es su artículo de El Universal “Las policías que queremos y las policías que queremos”, afirma que el problema de inseguridad tiene que ver con el abismo que hay entre las policías que queremos y las policías que tenemos, que lejos de inspirar respeto y orden son un factor de inseguridad.

Dice que más de la tercera parte de la policía del país gana menos de 10 mil pesos mensuales y que destina buena parte de su salario para equiparse (botas, chalecos, uniforme, cartuchos, gasolina para sus patrullas, etc.).

Es decir que el Estado como su empleador no les da lo suficiente para cumplir con su deber. Esa precariedad en el trabajo, falta de incentivos y los riesgos del mismo afectan su desempeño y las hace propicias para la cooptación por parte de los malandros.

La exigencia de “cuotas” por parte de los jefes, es otra realidad que enfrentan a diario.

A pesar de los miles millones invertidos en capacitación, profesionalización y control de confianza las policías apenas subsisten en condicione indignas y sin practicar ni siquiera tiro, anota la analista.

La anhelada paz pasa por contar con policías bien capacitadas y equipadas y porque los gobiernos en turno se aseguren que nunca más un policía pague por sus botas y no mueran por la carencia de cartuchos para sus armas.

Ojala en Guaymas, de una vez se pongan las pilas y agarren la onda…