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Águeda Barojas Ontiveros

Tuvieron que aprender un poco de español para poder defenderse y decir que  son inocentes; llevan dos años presos

Dos hermanos chiapanecos que llegaron a Empalme a trabajar en los campos agrícolas fueron acusados de homicidio en marzo del 2016, dicen ser inocentes y que el Sistema Penitenciario de Sonora ha violado sus derechos humanos al mantenerlos encerrados sin abogado de oficio y sin interprete.

Gaspar y Antonio A.M. de 25 y 23 años de edad llegaron al valle de Empalme procedentes de Chewal, municipio de Chilón, Chiapas para trabajar en los campos agrícolas.

Hace dos fueron acusados de un homicidio pero ellos aseguran no cometieron ningún delito. Desde entonces se encuentran presos en el Centro de Readaptación Social de San Germán, donde su situación jurídica no ha sido clara ya que no saben leer ni hablar en español.

No fue sino hasta después de un año cuando lograron comunicarse en español.

Gracias a la ayuda de otros presos poco a poco fueron aprendiendo a comunicarse en español.

Un buen día los hermanos decidieron hacer una llamada a la línea gratuita de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) para denunciar violaciones a sus derechos humanos.

LA CNDH turnó el caso a Sonora por lo que la CEDH intervino y levantó un acta por las presuntas violaciones a sus derechos humanos.

Fue Gaspar, el mayor, quien con muchas limitaciones pudo denunciar a la visitadora de la CEDH, Dulce Verónica Castro Duarte, las violaciones cometidas desde hace un año cuando los detuvo la Policía supuestamente por haber cometido un homicidio en el valle de Empalme.

Gaspar narró que los hechos ocurrieron en marzo del 2016 pasado en un campo cercano a La Atravesada.

Dijo que lo único que sabe es que ese día su hermano estaba bebiendo y estaba inconsciente cuando lo encontró.

“Yo salí a buscarlo porque ya era noche y no había llegado, entonces lo encontré inconsciente porque había bebido, pero una persona murió y lo detuvieron a él, pero también a mi”, comentó.

Gaspar manifestó que cuando la Policía Estatal los detuvo los golpeó y no les puso ningún interprete.

“Nunca supimos de qué se nos acusaba, que firmamos, nada”, explicó con muchas dificultades a la visitadora de la CEDH.

Denunció que ya dentro del penal tampoco tuvieron defensor de oficio ni interprete.

De repente, dijo, nos traen papeles que no entendemos, los cuales sabemos que están en el Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Penal en Guaymas bajo el expediente 72/2016 por el delito de homicidio calificado.

Los hermanos Gaspar y Antonio dijeron estar desesperados por su situación ya que han pasado dos años desde que los detuvieron y a la fecha no los ha visitado un abogado de oficio ni un interprete como lo marca la ley.

Sus derechos

Cabe mencionar que el Nuevo Sistema de Justicia Penal, que se sustenta en la reforma constitucional de 18 de junio de 2008, está orientado principalmente a garantizar un debido proceso, a través de sus características medulares, que al ser acusatorio, oral y público, protege el derecho a la igualdad entre las partes. Al respecto, el artículo 2, apartado A, fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce como derecho de las personas indígenas, el acceso pleno a la jurisdicción del Estado, en todos los juicios y procedimientos en que sean parte, individual y colectivamente. Por ello, se deberán considerar sus costumbres y especificidades culturales, así como el derecho de ser asistidos por intérpretes y personas que tengan conocimiento de su lengua y cultura.

La realidad

Un informe de la CNDH del 2017 sobre personas indígenas en reclusión establece que esa disposición no se cumple.

A nivel nacional la CNDH observó la siguiente problemática:

La discriminación de la que en ocasiones son objeto por parte del resto de la población interna, por su pertenencia a un pueblo o comunidad indígena;

La falta de información sobre los derechos humanos que les asisten;

La escasa visita familiar que reciben, debido a la lejanía de sus comunidades respecto del lugar donde está ubicado el centro de reclusión, aunado a la falta de recursos económicos;

La deficiente atención médica que reciben en el centro de internamiento;

Las insuficientes oportunidades para el desarrollo de las actividades laborales encaminadas a su reinserción social;

La falta de intérpretes y/o traductores;

La falta de defensores que hablen su lengua.