LOCAL

Carlos Rascón Valenzuela

Independientemente de que no le han contemplado en las bonificaciones anuales por ingresos ejidales y que a la fecha se le adeudan al menos un millón de pesos por tal concepto, a doña Isabel Ruiz Mayboca, de 78 años de edad, se le pretende despojar de su parcela “El Cinal”.

El ex directivo Jesús Alberto Garza Osuna, el abogado Carlos Zenea y el padre de éste último, Miguel Zenea, incluso estuvieron “echando” medidas para cercar el rústico predio enclavado en El Tomatal, a la vera de carretera de Libramiento-El Aguilita.

Heredera del derecho agrario de su padre Manuel Ruiz Félix, fundador del ejido en 1937 e inscrito en la carpeta básica certificada por el Presidente Adolfo Ruiz Cortines el 29 de agosto de 1957, doña Chabelita se presentó por primera vez ante la asamblea ejidal hace un par de domingos, para denunciar la serie de injusticias perpetradas en su contra. Hasta entonces le conocieron físicamente la mayoría de los ejidatarios y, se indignaron justamente por la grave situación que adolece.

En ese acto agrario, Jesús Garza negó haber dispuesto de un par de cheques que suman 180 mil pesos y liberados por su administración a favor de Doña Chabelita.

“Usted cree señor que si me hubieran dado un dinerito estaría así?”, comentó ante el nuevo dirigente Carlos Leonardo Pérez Ibarra y del ejidatario Roberto Soto “el charol”; éste último, conocedor de la delicada situación de la señora, le apoya con víveres o le da “raite” por las tardes. Da grima (coraje, rabia e impotencia a la vez) ver la frágil figurita descalza, cuando ella atraviesa el monte con un tercio de leña o una brazada de zacate que cotidianamente corta para alimento de 14 chivitos, que son su único patrimonio. Carece de estufa y de lo más elemental para una vida digna y, aún así se las ingenia para cuidar de su hermano menor, José del Carmen Ruiz (73 años), enfermo de alcoholismo y demencia senil.

En breve síntesis:

Jesús Garza y un supuesto “defensor” de derechos humanos se ofrecieron “regularizar” los documentos agrarios de doña Isabel Ruiz, quien no tiene por cierto problema alguno, salvo el no pago del ejido a sus, precisamente derechos económicos.

El ejido liberó un par de cheques, por 50 y 100 mil pesos sucesivamente; el primero se lo apropió el abogado “por cobro de honorarios”, aunque de allí entregó 20 mil a Chuy Garza Osuna, quien alegó se los había prestado doña Isabel. El segundo documento lo endosó y cobró directamente el hasta entonces presidente del comisariado ejidal. De ello se tiene debida constancia.

Un par de días antes del cambio de autoridades ejidales, Jesús Garza y los Zenea estuvieron echando medidas “para ver hasta donde pondremos el cerco”. Doña Isabel teme y con justa razón que en cualquier momento lleguen esos individuos y le quiten sus tierritas –nadie se las ha delimitado y hasta el agua para consumo doméstico le escamotearon--. Pero también existe fundado temor de que su derecho ejidal está en peligro de robo, dado que en los días recientes se han documentado graves acciones que han generado indignación entre los ejidatarios, especialmente las madres de familia.