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La Viña del Señor (solo para rudos, buenas conciencias y demócratas probados)

En estos días de pandemia en máxima expansión y de relajamiento de las medidas sanitarias, el caro, exigente y acucioso lector y aquellos aportantes en abundancia al folklorismo del “Manicomio sin bardas”, se estarán preguntando si Sonora requiere una reforma electoral no a la medida de la exigencia de los grupos de poder, sino para consolidar nuestro deseado sistema democrático y la competencia política, con el fin de que gobiernen los mejores.

Lo anterior importa toda vez que las elecciones de 2018, no resolvieron las contradicciones y atrasos del sistema político mexicano, en renglones como la división de poderes, toma de decisiones de consenso a partir de la representatividad obtenida en las urnas, ni conformó gobiernos con desempeño democrático al permanecer vicios  arraigados como la corrupción, la impunidad, la falta de transparencia y rendición de cuentas, el abuso de poder, la simulación y un largo etcétera.

Ese sueño guajiro de conformar mayorías, sin excluir a las minorías, de llevar el pluralismo a la realidad, de promover la participación política a través de los partidos políticos, sin dejar de lado a los que no comulgan con ellos y optan por figuras como las candidaturas independientes o de participar por medio de organizaciones de la sociedad civil para presionar cambios desde afuera del aparato estatal, no puede seguir sin cuajar en ambiciosas reformas políticas y electorales.

Aquel anhelo de la transición a la democracia, tras la frustrante elección de 1988, de integrar gobiernos divididos de distinto signo para provecho de la sociedad, no impidió el crecimiento exponencial de la violencia y el crimen, la corrupción, la ineficiencia gubernamental y los abusos de poder.

La alternancia por la derecha de doce años del PAN -y del Yunque- en la presidencia, el posterior retorno del PRI -del Estado de México- y el arribo final de la “izquierda” con Morena-PT-PES en 2018, no han sido garantías de mejores niveles de bienestar y de instituciones políticas funcionales y socialmente rentables.

En Sonora, la alternancia rindió pocos frutos y muchas frustraciones. El saldo de la elección del 2018, con el triunfo de la coalición “Juntos Haremos Historia” en el Congreso y en los principales municipios sonorenses, no cuajó en un sistema de equilibrios reales y en programas de gobiernos que reflejaran las demandas históricas de la izquierda, esa que proviene del viejo Partido Comunista Mexicano, pasa por el PSUM, PMT, PMS, PRD y aterriza en MORENA, más un montón de pequeñas organizaciones testimoniales como el PRT de corte trotskista, el PST posteriormente convertido en el ferrocarril o PFCRN, hasta desembocar en el PT de Alberto Anaya, por citar algunas conocidas. Mucho menos de la izquierda social aglutinada en sindicatos y organizaciones campesinas de líderes históricos como Valentín Campa, Demetrio Vallejo o Rubén Jaramillo o de la intelectualidad tipo José Revueltas, autor del célebre “Ensayo de un proletariado sin cabeza” e incluso del cardenismo, neocardenismo y neozapatismo.

Sin ignorar el predominio del sistema unipersonal que toma forma en el aplastante presidencialismo y sus calcas en las entidades federativas y los municipios en donde los titulares de los ejecutivos ejercen un poder casi ilimitado sin rendimiento de cuentas y con fobia a la transparencia, lo cierto es que la ciudadanía de a pie y aún aquella que participa en el corpus político, exigen cambios radicales para alcanzar la ansiada representación política de verdad o cambios cosméticos para que todo siga igual, más allá del concepto en la política de que el hombre de poder busca acceder a éste o conservarlo a toda costa si ya lo tiene. “Haiga sido, como haiga sido”, diría Felipe, el clásico, refiriéndose al proceso electoral de 2006. 

Tampoco puede desdeñarse, que la materia electoral, como ninguna otra, se traduce en pesos y centavos, por lo que impacta en financiamiento y presupuesto, tanto para partidos, como para el mantenimiento para la costosa estructura comicial para tan pobre democracia, como la mexicana.

La quiebra de las democracias

José Woldenberg, primer presidente del IFE ciudadanizado y a quien la Asociación de Estudios Latinoamericanos (LASA) concedió este año el Guillermo O’Donell Democracy Award and Lectureship por la excelencia de su trabajo académico en el estudio de la democracia en América Latina y por sus contribuciones a la vida democrática en México, refiere en su discurso de recepción que Guillermo O´Donell, acuñó el concepto de “democracia delegativa”, cuando al analizar los procesos de transición a la democracia observó que el nuevo “animal político” surgido recurría a las elecciones para nombrar a sus poderes ejecutivo y legislativo, se apartaba del esquema clásico de las democracias representativas por su fuerte concentración del poder en el presidente, al que daba la impresión que se le delegaban todas las facultades, por lo que quien resultaba electo podía gobernar como se le antojara y al encarnar a la nación estaba por encima de partidos y los intereses organizados y los tribunales y las legislaturas eran tenidas como estorbos.

Y al invocar el hiperpresidencialismo actual en México, que ha borrado a instituciones y organizaciones, puesto en riesgo la división de poderes y el federalismo, colonizado órganos autónomos del Estado, aplicación de programas asistenciales, etc., sostiene que nuestra democracia está a la defensiva. 

Dentro de su interpretación muy particular del desempeño de AMLO, la politóloga Soledad Loaeza, ha escrito que el presidente está en el cielo, en la tierra y en todo lugar.

Para el jurista Diego Valadés, la concentración de poder en la figura presidencial es un arcaísmo y urge por un sistema parlamentario. Se cree que la función del Congreso es legislar únicamente y procesar las iniciativas del presidente o las propias, pero su función principal es controlar al gobierno, dice palabras más, palabras menos el exprocurador.

El sociólogo español Juan J. Linz (1926-2013), en su libro “La quiebra de las democracias”, estudió las causas de la inestabilidad política y advertía que la legitimación de un régimen democrático depende de la creencia y aceptación de la gente en él.

Y respecto de las democracias jóvenes no suficientemente institucionalizadas refería al riesgo de derrumbarse debido a errores y abusos de los propios actores que debieran de fortalecerla y que su caída puede imputarse a los gobernantes, pero también a los actores políticos irresponsables o radicalizados, sea por incapacidad o bien por impopularidad, corrupción, impunidad o errores fundamentales como conducirse fuera de los cauces institucionales.

Ya tendrá oportunidad el puntilloso y bien informado lector de evaluar si los actores políticos de la entidad actúan como suicidas, miembros de grupos facciosos o como fuerza del cambio político responsable.

Las propuestas en el horno del Congreso

Entre las propuestas de reformas electorales presentadas por los partidos representados en el Congreso del Estado, se abarcaban gran variedad de temas: desde segundas vueltas electorales, reducción de campañas a la gubernatura, hasta la asignación de regidores pluris a los candidatos independientes, pasando porque  estos realicen campaña.

El 21 de abril pasado con pretexto de la pandemia y la sana distancia MORENA, PT, PES con apoyo de la diputada Dolores “Lola” del Río, lograron sacar del orden del día las propuestas de reformas electorales. La coalición pejista se opuso fuertemente a tratar lo de las segundas vueltas y un mes más tarde el tema regresó a la Comisión que preside Montes Piña, ya con dicho tema fuera. PT y PES aprobaron en dicha Comisión discutirla y subirla al pleno.

Morena el partido de las nuevas mayorías y que no ha podido cortar una madura en el Congreso del Estado, cuando corre sin el apoyo de sus aliados el PT y el PES, o cuando votan diferenciadamente ciertos temas en la legislatura. La carencia de legisladores de peso y de un liderazgo firme les ha impedido hacer valer la legitimidad obtenida en las urnas en 2018 y ahora enfrentan una coyuntura en 2021 que los hace suponer que tienen de calle ganada la elección llevando como candidato a su hombre fuerte Alfonso “Poncho” Durazo y con menos posibilidades si corren con Ana Gabriela Guevara, el senador Arturo Bours Griffith o Javier Lamarque Cano, también caliente por la grande.

Tampoco cuentan con credenciales, ni con convocatoria social sus principales liderazgos, llámense Jorge Taddei Bringas, Tony Gallardo, Jacobo Mendoza o Adolfo Salazar, por mencionar algunas de sus caras conocidas de la bola y de sus alcaldes el que no resbala, se tropieza, cítense a Célida López Cárdenas, Chayito Quintero, Sergio Pablo Mariscal o Jesús Pujol. Por lo pronto el PAN abrió fuego en contra del alcalde de Cajeme por actos de ingobernabilidad.

El factor sorpresa de hace dos años paulatinamente se fue perdiendo y está por verse si en 2021 competirá el morenismo de tú a tú con opciones como el PRI y el PAN-PRD, luego de ambas quedaran en terapia intensiva. Ernesto De Lucas “El Pato de Lucas” y Ernesto Munro, apenas como que quieren tibiamente dar luz.

Las reformas propuestas, según las dirigencias del PT y del PES, apuntan a una modernización del marco legal para favorecer la participación ciudadana informada, la optimización de los recursos públicos en campañas y la democratización de los órganos electorales. Nada más, ni nada menos.

Tocó a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales del poder legislativo que preside el diputado sanluisino Jesús Alonso Montes Piña, conocer y dictaminar sobre dichas propuestas. Ya el pleno definirá la labor de parto final.

La reforma electoral posible

Siempre que se proponen reformas electorales se habla de la reforma posible y de la necesaria para normar la vida democrática y las instituciones que la hacen posible.

A nivel federal incluso se refiere a reformas de primera generación, segunda y etc. Una de las primeras que se recuerde fue la Reforma Política de 1977 que empujó Jesús Reyes Heroles, que creó los diputados plurinominales y legalizó al Partido Comunista Mexicano, después aquella que ciudadanizó los órganos electorales y constituyó al IFE, ya sin el control del gobierno en la organización de las elecciones y que implementó el uso de la credencial para votar con fotografía.

El  Fiscal especializado en Atención a Delitos Electorales en Sonora, Pedro Pablo Chirinos Ortega, consideró que la reforma electoral que se discute en el Congreso estatal, es necesaria para garantizar procesos transparentes y además indicó que el voto electrónico no es un punto tomado en cuenta en la propuesta que se iba a dictaminar el  22 de mayo en la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.

“A mí lo que me hubiera gustado ver en esta propuesta, es explorar, por ley, el uso del voto electrónico, sobre todo en el contexto de la pandemia en la que estamos. Sería muy interesante ver como incorporarlo, porque no puede ser que estemos ya en el 2020 y sigamos con unos modelos de los 90, ya tenemos que empezar a evolucionar y sobre todo la pandemia no nos están dejando muchas opciones”, consideró el titular del órgano persecutor de los delitos electorales.

“Sí es necesaria, porque así lo establece el mandato para erradicar la violencia en contra de las mujeres que impactó en más de cinco leyes, uno de estos transitorios dice que las entidades federativas tendrán que armonizar sus leyes”, recordó el fiscal estatal. 

Los debates entre los candidatos durante los procesos electorales, fue uno de los puntos que estimó el fiscal Chirinos, que deben estudiarse y tomarse en cuenta.

Por lado, el consejero estatal del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (IEE y PC), Daniel Rodarte Ramírez, calificó la iniciativa de reforma electoral que se analizaba en el Congreso del Estado como positiva, ya que ayudaría a democratizar diversos procesos al interior de la institución.

Agregó que dicha iniciativa brinda transparencia en el uso de los recursos públicos, con controles en los procesos para la designación de personal del organismo, a través de convocatorias públicas.

Rodarte señaló que “… la reforma es muy positiva, veo muchas fortalezas, veo aspectos que pueden fortalecer mucho al instituto, toca aspectos muy importantes como la democratización de la operatividad del instituto, la transparencia del uso de recursos públicos, además están proponiendo controles para la designación tanto de comités técnicos, como de órganos de dirección a través de convocatorias públicas, lo cual también es muy positivo”.

El consejero aludió a que las adecuaciones a normas que regulan a los candidatos independientes y se plantea la creación de nuevas comisiones, en un proceso que contaría con la supervisión de todos los partidos políticos, toda vez que esta propuesta daría sustento jurídico al desahogo en las sesiones, además de ayudar a combatir la violencia de género en los procesos electorales, lo que representaba una buena intención de los partidos que proponen esta iniciativa, ya que da fortaleza a la colegialización del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (IEE y PC). “Veo una reforma que fortalece al Instituto, que cumple con el principio de máxima publicidad, porque ahora las comisiones van estar a la luz y escrutinio de los partidos políticos y quienes tienen voz dentro de las comisiones podrán expresar sus dudas y comentarios en las sesiones de comisión”, dijo.

Destacó Rodarte que dicha propuesta dará sustento jurídico al desahogo en las sesiones y que ayudará a combatir la violencia de género en los procesos electorales, lo que representa una buena intención de los partidos que proponen esta iniciativa, ya que da fortaleza a la colegialización del IEE y PC.

Colegialización en la toma de decisiones en el Instituto, combate a la violencia de género en los procesos electorales, mayor transparencia, rendición de cuentas, mejoría del marco regulatorio de las candidaturas independientes, entre otros temas, conformaron la agenda de propuestas que la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales del Congreso desahogó.

Dictamen sobre la reforma electoral

Este 22 de mayo por mayoría en lo general y en lo particular fue aprobado en sesión de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, el dictamen con proyecto de decreto que reforma, deroga y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, y que se pretenden aplicar en el proceso electoral de 2021. El proyecto de reforma  toca más de 70 artículos de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora (LIPEES).

Dicho proyecto se elaboró con base en las propuestas presentadas por el diputado Jesús Alonso Montes Piña, el grupo parlamentario del PRI, el de Nueva Alianza, el del PAN y una propuesta por escrito del diputado Gildardo Real Ramírez. Se pensaba que MORENA trataría de hacer abortar dicha sesión de Comisión.

El PT y el PES en su posicionamiento para fundamentar su voto a favor de la reforma, destacaron las bondades de esta al democratizar el proceso electoral, se fortalecen las candidaturas independientes y comunes, se incluyen las fotografías de candidatos y candidatas, se  reducen los tiempos de precampaña y campaña y se pugna por la profesionalización del  IEE y PC y el Tribunal electoral. “El principito” Ramón Flores, mero mero del PT estatal expresó que la reforma dictaminada favorece a los ciudadanos, en un abierto deslinde de sus pares morenistas, esquina desde donde reciben los petistas el calificativo de traidores y algo así como “vendidos”.

Jesús Alonso Montes Piña (PES), cuyo voto en contra de la segunda vuelta electoral tronó dicha propuesta, consideró se debe incluir en la legislación el concepto de paridad de género y mecanismos para evitar que se incurra en violencia política de género contra la mujer, al incluir un procedimiento sancionador, y tema sobre el cual habría de dictaminar la Comisión para la Igualdad de Género, una vez que la diputada María Dolores Del Río Sánchez, pidió se retirara del dictamen el tema relativo a la violencia política contra las mujeres, para que fuera turnado a la Comisión en cuestión, propuesta que fue respaldada por las diputadas Alejandra López Noriega y María Alicia Gaytán Sánchez.

El proyecto de dictamen establece en su artículo 182, se fija un tiempo de precampaña de 20 días antes del registro de la candidatura a gobernador, así como la reducción de tiempos de campaña para Gobernador, de 90 a 60 días; las campañas a la gubernatura iniciarán 63 días antes de la fecha de la jornada electoral, que eran de 93 en la ley actual; para candidaturas independientes podrán registrarse todos los que obtengan el apoyo ciudadano y podrán ser respaldados, en la vía electoral, por uno o más partidos políticos, que las boletas electorales para Gobernador y diputados deberán incluir fotografía, lo cual según proyecto, constituye un elemento que contribuye a potencializar y maximizar el derecho humano al voto activo.

Entre los cambios a la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, se aprobó la creación de nuevas comisiones de carácter permanentes de administración, oficialía de partes, de archivo y de participación ciudadana dentro del Instituto Estatal Electoral y Participación Ciudadana, así como una comisión temporal de registro de candidatos, nombramiento o ratificación de funcionarios de nivel directivo, con lo cual se espera lograr la profesionalización de dicho Instituto, ya que el proyecto menciona que los cambios propuestos tienen por objeto fortalecer las decisiones colegiadas en el ejercicio de sus funciones y a su órgano máximo de dirección, así como a sus esquemas de división de trabajo en el que participan sus integrantes. O sea que con lo aprobado no hay pretextos, pero si más burocracia y quién sabe si mejor  calidad de nuestra democracia sonorense.

El diputado Héctor Raúl Castelo Montaño, en la discusión en lo general, afirmó que el dictamen contraviene lo que él ofreció en campaña apegado al Proyecto Nuevo de Nación, y en este momento la exigencia de la sociedad es que atiendan los problemas generados por la pandemia, además de calificar como aberrante que se pretenda controlar el Instituto Estatal Electoral en el tema político y en el tema económico.

Un tema controvertido lo es el referente a que si los partidos nuevos pueden participar en alianzas o coaliciones con otros partidos o pueden postular candidatos comunes, que en la propuesta de reforma se contempla favorablemente, en los artículos 99 y 99 bis, pero que chocan con la prohibición de la Ley General de Partidos Políticos (artículo 85, numeral 4).

La diputada Gricelda Lorena Soto Almada, quien también votó en contra del dictamen, consideró una mala señal a la ciudadanía que en medio de esta emergencia se encuentren debatiendo una reforma electoral que no es prioritaria, aunque para algunos signifique la última oportunidad de mantenerse en el poder, dijo.

“Se trata de una reforma sin análisis y a fuerza de la compra de las voluntades de un buen número de diputados que en lo último que piensan es en el perfeccionamiento de la democracia en el Estado”, dijo tajante la legisladora, por lo que no están a favor de una reforma electoral que se pretende aprobar al vapor.

El diputado Eduardo Urbina Lucero reconoció que han llegado a un punto en el que este Congreso puede tener esa etiqueta de ser desaseado al tratar los temas, ya que lamentablemente no han logrado estructurarse y la emergencia sanitaria los descontroló un poco en el tema electoral.

En la discusión en lo particular, el diputado Héctor Raúl Castelo Montaño, a nombre suyo y de los diputados que integran la comisión por el grupo parlamentario de MORENA, Gricelda Lorena Soto Almada y Norberto Ortega Torres, presentó un posicionamiento en el que señaló que el dictamen aprobado contraviene no sólo las normas fundamentales, sino los principios de certeza, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad que deben regir en todo momento la función electoral. ¡Sopas don Cuco!

Se reservaron artículos los diputados Nitzia Corina Gradías Ahumada y Eduardo Urbina Lucero, los cuales fueron modificados del proyecto original.

La diputada María Dolores Del Río Sánchez, se reservó varios artículos para su discusión en lo particular, que finalmente fueron retirados del dictamen.

Posteriormente, se aprobó el resto del articulado que no fue motivo de modificación.

Sergio Pablo Mariscal Alvarado, alcalde de Cajeme, reclamó que no se realizaron consultas a los alcaldes de la entidad, sobre todo los de Morena, que presiden los municipios más grandes y más poblados. Algo bien cierto.

Jacobo Mendoza y Javier Lamarque Cano, presidentes del Comité Ejecutivo Estatal y el Consejo Estatal de MORENA, respectivamente,  expresaron la oposición de su partido a las propuestas dictaminadas en virtud de que no fueron suficientemente socializadas y dejaron claro en su posicionamiento que “refleja la ambición y desesperación del viejo régimen por arrebatar en el escritorio lo que no pueden ganar en las urnas, ante su inminente derrota el próximo año”. No se midieron los morenistas. Está por verse hasta qué profundidad llega la fractura evidenciada en la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales entre MORENA, PT y PES y que habrá de impactar en el futuro cercano en la política estatal.

Y aunque la reforma electoral, que no incluye, ojo, reformas a la Constitución, requiere de 17 votos para aprobarse, votos que reúne la alianza arcoíris en el Congreso, conformada por el PRI, PAN, PANAL, PT, PES y MC, eso no frenará el agarrón en el Pleno, con sus repercusiones al exterior.

Y como la pistolita si tronó, para el martes o jueves de la semana, podrían someterse al pleno del Congreso del Estado las reformas dictaminadas para emparejar la legislación local con la federal.

Independientemente de las ventajas que se anuncian como producto de la reforma, la falta de una real socialización de esta es indicativo de que las instituciones y quienes las conforman temen someterse al escrutinio público más allá de lo mero electoral.

Pendientes quedaron renglones tan importantes como los usos y abusos de la propaganda política, la compra del voto, la tentación de gobernantes por penetrar los órganos electorales, garantizar la imparcialidad de los integrantes de los órganos comiciales, el uso del dinero sucio en las campañas y el financiamiento ilegal, cuyo postergamiento de la discusión dice mucho de la democracia que se intenta construir. La verdad es preocupante.

“Este arroz ya se coció”, diría el clásico mañanero.

Un justo reclamo democrático

Cuando Rogelio Díaz Brown, buscaba un cargo electoral en alguna colonia de Ciudad Obregón, hubo una dama entrada en años que no se aguantó la tentación y le soltó sin despegar sus ojos del trasero del Roger: “”Son de verdad mihijito?” y el exalcalde de Cajeme contestó: “¡Claro que sí, toque!”. Y desde entonces se hicieron costumbre esos toques al actual legislador.

Cuentan las crónicas políticas y un que otro lengua larga, que encontrándose el entonces alcalde de Cajeme ing. Manuel Barro Borgaro, en una reunión de vecinos de la Colonia Beltrones de Ciudad Obregón, en la entrega de ciertas obras, se oyó un grito de mujer a voz de cuello detrás del gentío presente: ¡Maaaanolo Barro, chinga tu madre!, ¡Maaaanolo Barro, chinga tu madre!, ¡Maaaanolo Barro, chinga tu madre!

La seguridad del alcalde, como es el caso, para quedar bien con el mandamás y los elementos de la policía municipal, se movilizaron al instante hasta el lugar de donde provino el grito y cuyo origen era una dama con un pequeño en la carriola que permanecía expectante. Cuando dicha fémina fue cuestionada por su proceder y por la falta de respeto al primer edil, respondió: “El dijo en campaña, que le mentáramos la madre tres veces si no cumplía con sus promesas”.

El Manolo, aguantó vara y hubo de reconocer que lo expresado por la damita era cierto y que tenía razón en recordarle en número de tres a su progenitora. Las carcajadas de los presentes hicieron explosión.

Al parecer el Roger y el Manolo, eran de los que salían a la calle de noche y no se asustaban, como otros tantos aspirantes o aprendices políticos o cruzaban el pantano con sus riesgos.