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Águeda Barojas Ontiveros

IENOVA la empresa que construye en Sonora el gasoducto, pretende instalar en APIGUAY una terminal de hidrocarburos para almacenar por lo menos un millón de barriles, por lo que vecinos del sector de Punta de Arena se oponen a la obra y ya promovieron un juicio de amparo.

IENOVA es propietaria y opera varios sistemas de distribución, transporte y almacenamiento de gas natural, gas LP y etano en los estados de Aguascalientes, Baja California, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Durango, Estado de México, Jalisco, Nuevo León, Sinaloa, San Luis Potosí, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz, Colima y Puebla.

Vecinos inconformes dijeron a El Portal de la Noticia que a solicitud de la compañía IENOVA, la APIGUAY impulsa el proyecto de construir en el interior de su recinto portuario una terminal de hidrocarburos de gran escala para el almacenamiento de gasolinas y diesel.

Lo anterior sin tener a la fecha el proyecto, estudios y permisos correspondientes y de la altura del tamaño de un proyecto para manejar sustancias altamente peligrosas.

“En caso de haber hecho los estudios mínimos con base en la normativa nacional y estándares internacionales hubieran detectado lo siguiente:”, dijeron.

Que los vecinos de la zona se pondrían en grave peligro de existir semejante terminal, toda vez que habiendo realizado un diagnóstico de riesgo, se ha detectado que cuando menos se pondrían a 1,100 personas en peligro de muerte o de sufrir quemaduras, lesiones por roturas de vidrios, rotura de tímpano y daño pulmonar.

Se hizo una modelación con software especializado y los resultados al explotar el 10% del almacenamiento que se pretende tener en la zona serían catastróficos, argumentaron.

Gerardo Anaya, vecino de la colonia Punta de Arena, aseguró que este sector ha sido altamente contaminado por el manejo de material en Apiguay sin que ninguna autoridad haya actuado.

“Ya tenemos bastantes riesgo por las actividades que se realizan en el reciento portuario como para que ahora nos pongan frente a nuestras casas una terminal de hidrocarburos”, comentó.

Recordó que frente al terminal que pretenden construir hay un Jardín de Niños y unos metros más adelante una escuela primaria.

Mencionó que en ningún momento fueron consultados por lo que optaron por buscar apoyo legal y hace unas semanas promovieron un amparo.

 PERMISOS QUE SE REQUIEREN EN PROYECTOS DE ESTE TIPO:

  • Congruencia con los programas de Uso de Suelo y Normatividad Municipal y Estatal de Construcción y Protección Civil.
  • Evaluación de Impacto Social por la Secretaría de Energía (SENER), mismo que incluye el Visto Bueno de los vecinos del proyecto,
  • Autorización de Impacto Ambiental por la Agencia de Seguridad Energia y Ambiente (ASEA)
  • Autorización de Estudio de Riesgo (ASEA)
  • Diagnóstico de Protección Civil (UEPC)
  • Permiso de capitanía de puerto, Secretaría de Marina (SEMAR)
  • Permiso de almacenamiento de la Comisión Reguladora de Energía (CRE)
  • Sasisopa por ASEA
  • Diagnostico de Impacto Regional Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano del Gobierno del Estado de Sonora (SIDUR).
  • Licencia de construcción del Municipio de Guaymas.

Según el análisis de áreas disponibles existentes en el Puerto de Guaymas antes mencionado, el único espacio con dimensiones adecuadas para la operación de una terminal de hidrocarburos en interior de puerto, es un terreno con una superficie de aproximadamente 6.28 hectáreas localizado al norte noreste de dicho recinto portuario.

Las terminales de combustibles, constituyen una fuente de riesgo para la población adyacente, razón por las cuales, la mayoría de estas se construcción lo más alejado posible de centros urbanos., argumentaron en el juicio de amparo.

Dijeron que varios eventos alrededor del mundo documentaron que las terminales de almacenamiento de combustible cerca de las poblaciones residenciales son instalaciones de alto riesgo.

La Terminal de Combustible del Puerto de Guaymas probablemente entre sus actividades será las de recepción de gasolina, diésel y gasolina para aviación, así como almacenamiento, despacho y comercialización de los mismos, lo cual representa un riesgo manifestaron los quejosos.

Juicio de amparo

El juicio de amparo 1371/2019 fue promovido por Rosario Rubio Rodríguez, María Concepción Rubio Rodríguez, Gerardo Anaya Díaz, Arlene Guadalupe Rodríguez Savin, Arely Guadalupe Lugo Rubio, Gerardo Anaya Arvizu y José Manuel Rubio Rodríguez, contra actos del director general de la Administración Portuaria Integral de Guaymas.

Los quejosos solicitaron al director de APIGUAY el trámite de evaluación del análisis costo-beneficio para terminal de hidrocarburos en el interior del puerto de Guaymas, la convocatoria para el concurso para la construcción y operación de la terminal, la autorización o permiso otorgado a la tercera interesada para que inicie la obra de construcción y la aprobación o autorización para emitir la convocatoria del concurso.

Los vecinos del sector aseguraron que en el recinto portuario concesionado a APIGUAY está prohibida una obra de tal naturaleza de acuerdo al Reglamento General de Construcción y sus Normas Técnicas de Guaymas.

El Juez Tercero de Distrito también solicitó informe de autoridad al director general de Fomento y Administración Portuaria de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

También al director general de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y Protección al Medio Ambiente de la Semarnat, entre otros.

Otorgan suspensión provisional

Con fundamento en e artículo 128 de la Ley de Amparo, se concede la suspensión provisional del acto reclamado para efecto de que, por una parte, las cosas se mantengan en el estado que realmente guardan, hasta en tanto se resuelva la suspensión definitiva.

Debiendo entenderse por esto que la concesión en cita no implica la suspensión de la construcción de una planta de almacenamiento o terminal de hidrocarburos en el recinto portuario de Guaymas, en caso de que éstas se estén desarrollando, o en todo caso, las actividades que desarrolla dicha planta.

Y por otra, con fundamento en los artículos 139 y 145 de la Ley de Amparo, las autoridades señaladas como responsables dentro de sus competencias, lleven a cabo las medidas de inspección y vigilancia, y cualquier otra necesaria para evitar, en la medida de lo posible, contaminación derivada de la construcción y funcionamiento de la terminal y/o planta de hidrocarburos.

Cabe destacar que los quejosos exhibieron dictamen del riesgo del lugar donde se pretenden construir la terminal de hidrocarburos.

Fue el Juez Antonio García Cruz, del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Sonora quien resolvió el expediente 1371/2019.

Los vecinos anunciaron para este día una serie de manifestaciones para evitar que IEANOVA construya la termina de hidrocarburos en un terreno que se ubica a un costado de la vieja termoeléctrica.

IENOVA y sus conflictos en Sonora

El gasoducto Agua Prieta, que pasará por Guaymas, hasta el Oro en Sinaloa está a cargo de la empresa IENOVA, propiedad de Carlos Ruíz Sacristán, secretario de Comunicaciones y Transportes en tiempos de Ernesto Zedillo; IENOVA es filial de la empresa norteamericana Sempra Energy.

En enero de 2016, IENOVA inició los trabajos en Loma de Bácum, en abril, la comunidad se amparó con una jueza quien les concedió la suspensión provisional que detenía la construcción del gasoducto en la zona, sin embargo, los trabajos siguieron.

Lo anterior generó un conflicto entre los pueblos yaquis que dejó a un indígena muerto.