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En México se supone que la educación pública es gratuita porque así lo dice el artículo 3º. de la Constitución Política.

Pero, como muchas de las cosas que contiene el texto de la Carta Magna, no es algo cien por ciento cierto, pues del dicho al hecho hay mucho trecho.

Nuestra Ley Suprema, esa que contiene el proyecto nacional del que hablaron en los discursos durante décadas los gobernantes emanados del PRI, amén de los cientos de remiendos que ha padecido, terminó convertida en una obra inaplicable y llena de contradicciones y parches al gusto del dueño absoluto del poder sexenal en turno.

Nadie sabe, nadie supo: las cuotas fantasmales

Y el tema viene al cuento, porque tratándose de las famosas cuotas escolares, esas que están prohibidas y por lo mismo ningún padre de familia debe pagar y que son exigidas por funcionarios escolares en el plantel que al amable lector se le antoje nombrar, para el ingreso o la permanencia del educando en las escuelas, cada año se convierte en un verdadero dolor de cabeza, por lo exorbitante del pago que se exige por ese concepto, el cual legalmente no existe y que algunos vivos ubican como “cuota voluntaria” o donativo y del cual por cierto el nuevo Modelo Educativo 2018-2019, de “aprender a aprender” presentado por Aurelio Nuño, con bombo y platillo el 13 de marzo de este año no habla ni media palabra, es decir sobre las cuotas nadie sabe, nadie supo.

Incluso, en algunos casos, se ha llegado a decir que dicho pago no lo cobra la escuela, sino que deriva de un supuesto acuerdo de la sociedad de padres de la misma, lo cual al final de cuentas es la misma gata, pero revolcada, ya que al final de cuentas significa un cobro ilegal e indebido, el cual se simula bajo diverso rubro.

Pero, lo peor es que en algunas ocasiones, dicho ingreso no entra en las cuentas de la institución debido a que de hacerse así queda inmediatamente bajo supervisión de la SEP o la Secretaría de Educación y Cultura, según se trate de plantel estatal o federal, lo cual también conlleva que salga del control del director de la escuela y pues así no es “negocio”.

El chiste de la maniobra o mecanismo, es que el dinero ingrese a cuentas particulares o de alguna sociedad de padres a modo que jale con las autoridades educativas y así habrá disposición libre de tales recursos.

En Guaymas, todos recuerdan a Magaly Arreola, quien llegó procedente de Ciudad Obregón como directora del Cbtis 40 bajo la protección y tutela del CEO estatal y quien manejó dicho rubro como parte de su patrimonio personal, ante lo cual los padres de familia de dicho plantel decidieron dejar de cubrir las “cuotas voluntarias” ante el desgarriate financiero que provocó la dama, pues existían empresas creadas exclusivamente para “servir” a la escuela, algo por supuesto ilógico.

El Conalep Plutarco Elías Calles, ha sostenido la política desde que Lorenia Ruiz Bustamente, fungió como su directora, de mano dura en contra del alumno que no pague las ilegales cuotas y en caso extremo, como igual lo aplica la directora Severa Contreras en el Cbtis 40, hacen que el padre de familia abone y firme un convenio de pago por el resto.

En la comunidad yaqui de la comisaría de Pótam, hay cierta inquietud por lo elevado de las cuotas anunciadas en el Cecyte del lugar y ya preparan acciones para remediar algo que estiman es un abuso. Otro tanto acontece en el Cecyte de Buaysiacobe de Etchojoa. Sobre aviso no hay engaño.

La educación pública como derecho humano

Obvio, que un sistema tan sofisticado de robo a los bolsillos de los padres de familia, que al final de cuentas resulta un cobro indebido y una violación de los derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes protegidos por el artículo 1º. Constitucional y convenciones internacionales funciona por la protección y el disimulo que autoridades superiores de la SEP y la SEC. ¿O a poco Nuño, el expolicía de Eduardo Bours Ernesto De Lucas Hopkins, hoy por hoy atrincherado en la SEC bajo protección de la PEI ante la amenaza magisterial y personajes tan fogueados en la grilla como Víctor Guerrero, el subsecretario de Educación Básica de la SEC u Onésimo Mariscales, subsecretario de Educación Media Superior y Superior también de la SEC, no saben sobre el tema que inconforma a los paterfamilia cada inicio de ciclo escolar?

La Procuraduría de Derechos Humanos de Guanajuato al resolver el EXPEDIENTE DE QUEJA 345/06-S, emitió la siguiente recomendación:

CUOTAS ESCOLARES EN ESCUELAS PÚBLICAS. ES INDEBIDO LA EXIGENCIA DE SU COBRO COMO CONDICIONANTE DE INGRESO O PEMANENCIA EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA.

Quien esto resuelve estima pertinente asentar que si partimos de la premisa de que la educación (pública) es de orden público, es inconcuso entonces que no se puede condicionar ni negar por el hecho de no pagar una cuota de dinero, esto es, resulta irregular que en algunas escuelas públicas se exija una cuota eufemísticamente denominada “voluntaria” o una aportación, tan es así que el artículo 3º de la CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, que señala en lo conducente: “Todo individuo tiene derecho a recibir educación; el Estado-federación, estados, Distrito federal y los municipios-, impartirá educación preescolar, primaria y secundaria. La educación preescolar, primaria y la secundaria conforman la educación básica obligatoria: IV.- Toda educación que el Estado imparta será gratuita”; sin embargo, y a pesar de que así se establece por mandato expreso de la Ley fundamental, este Organismo es sabedor de que en algunas escuelas públicas se exige por parte del personal administrativo o docente “cuotas voluntarias” y, en este sentido, no existe motivo alguno para que autoridades, directivos, personal docente o administrativo de escuelas públicas, dejen sin el servicio educativo a niñas y niños, con el pretexto del pago de cuotas fijadas por las asociaciones de padres de familia. Es decir, la conducta antes descrita se trata de un aspecto que ha sido motivo constante de quejas por parte de los padres de familia, pues no conforme con afectar su peculio, también son condicionados o amenazados con no entregarles las boletas de calificaciones de sus hijos o no inscribirlos en el siguiente ciclo escolar; de manera tal que -ante esa coerción-, no les queda más remedio que cubrir las cuotas requeridas, amén que en muchos de los casos no existe la debida claridad sobre el destino de los recursos recaudados por las sociedades de padres de familia. Ahora bien, aun cuando se pudiese argumentar que el criterio por el cual se establecen la cuotas constituye la necesidad de que los padres de familia contribuyan a rescatar la precaria condición que en muchos de los casos existen en algunas de las instalaciones educativas, también lo es que tal función le corresponde –en forma primigenia- al Estado y, en este contexto, es dable exigir a las autoridades escolares para que en apego al mandato constitucional actúen con energía para erradicar la indebida costumbre de condicionar pagos de cuotas y cooperaciones de padres de familia, a cambio de la entrega de documentos escolares o como requisito para la inscripción de estudiantes en el siguiente grado. Asimismo, es oportuno recalcar que si los padres de familia desean coadyuvar en el proceso educativo de sus hijos, es menester precisar que tal colaboración debe ser siempre de forma voluntaria y nunca estará condicionada a la prestación de los servicios de educación que brinde el Estado, esto es, la educación constituye uno de los pilares fundamentales del crecimiento nacional, y un derecho constitucional que requiere del esfuerzo de las autoridades de todos los órdenes de gobierno; luego entonces, las acciones deben orientarse a mejorar los niveles de instrucción, poniendo énfasis no sólo en la cobertura y la ampliación de los servicios educativos, sino también en la equidad y calidad de los mismos, a fin de corregir desigualdades entre grupos sociales y regiones y, en tal virtud, se fortalecerán los principios de equidad y gratuidad de la educación pública. Por tanto, esta Procuraduría estima conveniente emitir una respetuosa Recomendación al Secretario de Educación del Estado, a fin de que gire instrucciones por escrito a quien corresponda para que se implementen todos aquellos mecanismos y acciones tendientes evitar situaciones como las aquí acontecidas (cobro de cuotas eufemísticamente llamadas “voluntarias”) y, con ello, se enaltezca aún más la loable e insigne función del personal docente y magisterial guanajuatense.

                  Por su parte la Ley General para la protección de los derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, establece en sus artículos 2 y 3:

               “Artículo 2. Para garantizar la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes, las autoridades realizarán las acciones y tomarán medidas, de conformidad con los principios establecidos en la presente Ley. Para tal efecto, deberán:

  1. Garantizar un enfoque integral, transversal y con perspectiva de derechos humanos en el diseño y la instrumentación de políticas y programas de gobierno;
  2. Promover la participación, tomar en cuenta la opinión y considerar los aspectos culturales, éticos, afectivos, educativos y de salud de niñas, niños y adolescentes, en todos aquellos asuntos de su incumbencia, de acuerdo a su edad, desarrollo evolutivo, cognoscitivo y madurez, y

III.    Establecer mecanismos transparentes de seguimiento y evaluación de la implementación de políticas, programas gubernamentales, legislación y compromisos derivados de tratados internacionales en la materia.

El interés superior de la niñez deberá ser considerado de manera primordial en la toma de decisiones sobre una cuestión debatida que involucre niñas, niños y adolescentes. Cuando se presenten diferentes interpretaciones, se elegirá la que satisfaga de manera más efectiva este principio rector.

Cuando se tome una decisión que afecte a niñas, niños o adolescentes, en lo individual o colectivo, se deberán evaluar y ponderar las posibles repercusiones a fin de salvaguardar su interés superior y sus garantías procesales.

Las autoridades de la Federación, de las entidades federativas, de los municipios y de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, en el ámbito de sus competencias, deberán incorporar en sus proyectos de presupuesto la asignación de recursos que permitan dar cumplimiento a las acciones establecidas por la presente Ley.

La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, los Congresos locales y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, establecerán en sus respectivos presupuestos, los recursos que permitan dar cumplimiento a las acciones establecidas por la presente Ley.

Artículo 3. La Federación, las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias, concurrirán en el cumplimiento del objeto de esta Ley, para el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de políticas públicas en materia de ejercicio, respeto, protección y promoción de los derechos de niñas, niños y adolescentes, así como para garantizar su máximo bienestar posible privilegiando su interés superior a través de medidas estructurales, legales, administrativas y presupuestales.

Las políticas públicas deberán contribuir a la formación física, psicológica, económica, social, cultural, ambiental y cívica de niñas, niños y adolescentes”

Por ser el del cobro de las cuotas escolares un tema crucial que puede obstaculizar garantizar el acceso a la educación de los menores, tienen mano tanto la Comisión Estatal de Derechos Humanos, como la CNDH.

El nuevo sistema anticorrupción a prueba

Si deveras funciona como se prometió el nuevo Sistema Estatal Anticorrupción, del que forman parte la Secretaría de la Contraloría General del Estado de Miguel Angel Murillo, “El Ronco de la Ladrillera”, el ISAF de Ramón Moya Grijalva, el Tribunal de Justicia Administrativa que preside Aldo Padilla, las 72 contralorías municipales en la entidad, las fiscalías Anticorrupción de Odracir Espinoza y la de Delitos Electorales de Pedro Pablo Chirinos, el Instituto de Transparencia Informativa, el Consejo de la Judicatura y el Comité de Participación Ciudadana y su contraparte a nivel federal, se verán malitos muchos directores y funcionarios escolares, incluyendo a su cabezas de sector, Aurelio Nuño y el Pato de Lucas, si en alguna escuela les da por exigir el pago de cuotas escolares.

Es más, hasta David Palafox Celaya, presidente de la Comisión Anticorrupción del Congreso del Estado, hasta con migraña debe andar y con el estrés al tope, nomás de pensar en que se presente un solo caso en la entidad.

Más claro, ni el agua: ¿O se respeta el derecho humano a la educación, el cual se conculca al volver de paga un servicio público o la famosa reforma educativa, dizque (Rius, dixit) beneficiosa para los niños (Aurelio Nuño, dixit) es otro mito genial (Pedro Aspe, dixit)?

Ya veremos…