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Instalarán filtros para desarmar a Yaquis: “La violencia se presentó en nuestro pueblo, el problema está aquí. Nos estamos saliendo de nuestras casas por temor a otro ataque, y el gobierno sigue dándonos la espalda"

“Al no tener garantías del gobierno mexicano nos vemos obligados a solicitar refugio en otro país ante la ONU”, expresó tajantemente la líder indígena de Loma de Bácum, Sonora, Anabela Carlón. Reprobó el actuar de los funcionarios estatales y federales que abiertamente escuchan sólo la versión de los indígenas que están a favor del tendido de tubos para la instalación del gasoducto por terreno yaqui.
“La violencia se presentó en nuestro pueblo, el problema está aquí. Nos estamos saliendo de nuestras casas por temor a otro ataque, y el gobierno sigue dándonos la espalda y escuchando sólo a los que ya negociaron su tierra para que se haga la obra”, dijo.

 Anabela Carlón se dijo triste ante la posibilidad de tener que dejar su pueblo para resguardar su integridad y reveló que de no tener las garantías de seguridad del gobierno federal en Loma de Bácum, la única opción para los líderes indígenas sería buscar a la tribu hermana que habita en la ciudad de Tucson, Arizona, en Estados Unidos, para solicitar refugio y esto se haría a través de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Asimismo, dejó entre ver la posibilidad de que el mismo gobierno de Sonora se haya unido a los yaquis que apoyan la construcción del gasoducto, a fin de imponer gobernador tradicional en las tribus que rechazan la obra para que el respaldo al proyecto del gobierno sea total.

“Estuvimos pidiendo presencia policial desde muchos días antes porque sabíamos que podían agredirnos y ni el gobierno municipal ni el estatal nos respaldó. Parece que hasta se hubieran unido a ellos para que vinieran a atacar a la guardia tradicional de nuestro centro ceremonial para provocar disturbios y obligarnos a elegir nuevo gobernante a su conveniencia. El mismo gobierno pudo ser responsable de la tragedia que enlutó a nuestro pueblo, por eso ya no tenemos opción”, recalcó la líder indígena.

Anuncian desarme.

Este lunes inicia funciones un fiscal especial para las investigaciones de los hechos en que perdió la vida un integrante de la tribu yaqui, y se atenderá la petición de autoridades tradicionales de Loma de Guamúchil de realizar acciones de desarme de habitantes de los pueblos de la etnia. Así lo dio a conocer el secretario de Gobierno, Miguel Pompa Corella, luego de una reunión de trabajo con el procurador de Justicia del Estado, Rodolfo Montes de Oca, y el secretario de Seguridad Pública, Adolfo García Morales, en seguimiento a las acciones de asistencia a las comunidades yaquis que se realizan desde la semana pasada.

Pompa Corella indicó que el Gobierno del Estado mantiene la atención en los 8 pueblos yaquis para que se preserve la tranquilidad de los habitantes y deslindar responsabilidades respecto a la agresión armada donde murió uno de los miembros de la tribu. Especificó el interés estatal por lograr las condiciones para que cualquier conflicto que haya al interior de la tribu yaqui se resuelva en pleno respeto a sus usos y costumbres, y en un ambiente de diálogo.

Entre los acuerdos dispuestos en esta reunión de trabajo, el procurador de Justicia del Estado, Rodolfo Montes de Oca, indicó que designó al director general de Averiguaciones Previas, Juan de Dios Godoy Rentería, como fiscal especial para dar seguimiento y avanzar en las investigaciones en torno a los hechos del pasado viernes en que murió un integrante de la tribu yaqui. Refirió que el sábado se presentó la denuncia correspondiente por parte de miembros de la tribu y que desde ese momento el agente del Ministerio Público inició con las diligencias.

Adolfo García Morales, secretario de Seguridad Pública, indicó que a petición de autoridades tradicionales de la tribu yaqui implementarán operativos y filtros de revisión para retirar armas cuya posesión no esté autorizada por autoridades tradicionales tal como lo marcan usos y costumbres. Para ello, explicó, se destinaron 100 elementos de la Policía Estatal de Seguridad Pública, quienes mantendrán filtros de revisión itinerantes en caminos y brechas de acceso a las distintas comunidades.

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