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Águeda Barojas Ontiveros

El Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAF) colocó al Poder Judicial del Estado entre los primeros cinco lugares a nivel nacional de 1,243 organismos sujetos a escrutinio dentro de los resultados del estudio “Métrica de Gobierno Abierto 2019”.

Dicho reconocimiento se otorga a los organismos en función de su capacidad de respuesta a las solicitudes de acceso a la información hechas por ciudadanos y organizaciones de la sociedad civil. O sea la judicatura que preside Francisco Gutiérrez Rodríguez, es más transparente que una prenda enjuagada con Ariel y Fab Limón.

En tanto don Pancho, se regodea con el reconocimiento, en la entidad la inseguridad no mengua y el servicio de impartición de justicia, en algunas de sus áreas deja bastante que desear.

Uno de esos puntos flacos es la implementación deficiente del Nuevo Sistema de Justicia Penal, al que a nivel estatal se le pretendió parchar con la famosa Ley Pano y que a nivel nacional se le añadieron nuevos delitos con prisión preventiva.

La Auditoría Superior de la Federación, ha recomendado al Consejo de la Judicatura Federal diseñe e implemente su operación en un presupuesto basado en resultados en aras de evaluar su desempeño. Su oposición a reducirse el sueldo por parte de los altos funcionarios del Poder Judicial Federal, puso a esa judicatura en la picota.

Nadie ignora que dentro de la estructura judicial, federal y estatal, existen vicios que han venido frenando su desarrollo como institución de servicio público que por definición debiera ser imparcial e independiente: nepotismo, compadrazgo, amiguismo, favoritismo, etc. En Guaymas, ejemplos de los mismos sobran en los tribunales porteños.

En el caso de la banda de “Los Pelones”, acusados del reprobable feminicidio de la menor Arleth R., cuentan que hubo excesos, tortura a los detenidos y simulación en la impartición de justicia en el juzgado oral. Al parecer en la barbada se fueron justos por pecadores, algo que el juez de Control ignoró. Defensores de Oficio que no defienden y sentencias exprés al por mayor, hablan de algo anormal en dicha instancia.

La rebelión de las togas

En Sonora, el Poder Judicial del Estado, siempre ha estado subordinado al gobernador en turno. Dicho poder nunca ha dejado de estar exento de señalamientos, ni de estar colocado en el ojo del huracán.

Durante el gobierno de Rodolfo Félix Valdez, teniendo de secretario de gobierno al exgobernador Manlio Fabio Beltrones, le estalló una rebelión de jueces de primera instancia ante presiones del entonces presidente de la máxima magistratura local. El líder de esa rebelión de las togas fue el abogado porteño Francisco Javier Carrasco Valenzuela, entonces un mozuelo. El resultado fue el cese de los juzgadores rebeldes y la caída de Manlio, de la secretaria.

El singular juez mediático

En Guaymas, el exjuez mixto José Octavio Ortiz Mendoza, se ganó a pulso el mote de “juez mediático”, por su propensión a filtrar y ventilar en los medios respecto de asuntos de su competencia y a pitorrearse en fiestas de amigos y pisteadas del trabajo de los abogados. Cuando algún asunto se le complicaba, no se andaba con rodeos y optaba por mandarlo al Supremo Tribunal, para que allá dijeran la última palabra.

Ni todo el apoyo de la Barra de Abogados del “Polo” Duarte y del Colegio de Armando Saucedo, impidieron que la Comisión de Disciplina del Supremo Tribunal de Justicia, tomara cartas en el asunto y le ordenara callar la boca, por no ir con la investidura.

Golpe de estado padrecista

En lo más álgido del padrecismo, el “Memo”, hoy en libertad bajo caución, entonces jefe máximo del Nuevo Sonora, hizo uso de todo su poder para imponer en la presidencia del tribunal al panista Sebastián Sotomayor, de quien cuestionaban incluso su título y su falta de experiencia judicial.

Durante un tiempo logró su propósito ante la mansedumbre de los magistrados del máximo órgano jurisdiccional, hasta que en 2015, con la derrota del PAN y el triunfo del PRI, vinieron los reacomodos y la suerte le sonrió a Francisco Gutiérrez Rodríguez, quien se convirtió en el hombre fuerte de dicho poder.

 El magistrado tricolor

Desde entonces a la fecha Francisco Gutiérrez Rodríguez, ha desempeñado su rol de pieza clave al servicio del gobierno de Claudia Pavlovich Arellano.

En la primera mitad del gobierno claudillero, fue un fuerte impulsor de las reformas anticonstitucional al Código Penal Estatal conocidas como Ley Pano para endurecer las penas en delitos como robo a comercio y casa habitación.

Incluso, temas polémicos como la Ley Machete, pasaron sin trámite y observaciones de la judicatura.

Durante el debate de la Ley Veto y las reformas constitucionales aprobadas por la anterior legislatura dominada por el PRI, con el concurso del PAN, para blindar al poder ejecutivo de la mayoría entrante de Morena, PT y PES, Gutiérrez, se convirtió en aval de las mismas, en un juego que proviene desde que pasó a formar parte del sistema anticorrupción junto a priístas como Aldo Padilla en el Tribunal de Justicia Administrativa, el entonces titular de la Fiscalía General de Justicia Rodolfo Montes de Oca y Ramón Moya Grijalva, en el ISAF.

Como premio por sus servicios le fue otorgado el poder prolongar su mandato al frente de la judicatura.

El insólito Caso Diego, digno para los anales de la judicatura

Luego de la polémica desatada por la inconformidad de un grupo de litigantes por la actuación de la entonces Juez Primera de Primera Instancia de lo Penal en Guaymas, Santa Adelina Flores Montoya y su salida del cargo, se soltaron los “demoños” al interior de ese tribunal.

Celos profesionales, venganzas personales, presiones al personal y envidias se desataron ante el vacío dejado por Santa.

Ese fue un rumor que se soltó tras bambalinas y sigue llamando la atención entre quienes laboran en los otros juzgados y quienes acuden en busca de impartición de justicia.

Una sorda lucha por ocupar el puesto inició el entonces secretario Fernando Jiménez Ochoa, quien se dice, hasta a las lágrimas llegó, con tal de acceder a tan codiciado cargo.

No bastando con eso, resentido desplegó una serie de artimañas en aras de desbancar a quien veía como un fuerte competidor, el secretario Diego Armando García León, quien no se la acabado desde entonces y ha vivido un ambiente de represión laboral sin parangón y a quien le han hecho un vacío dentro del juzgado para reventarlo.

Acta administrativa tras acta administrativa le han sido levantadas y le han abierto varios procesos por responsabilidad administrativa. Incluso se ha llegado al absurdo de levantarle constancias por faltas estando incapacitado.

La puntilla a Diego, esforzado hijo de una estimada familia porteña y un funcionario judicial muy querido entre la tropa por su don de gente y buen trato, se la vino a propinar el arribo del sustituto de Santa Adelina, el pasado 24 de septiembre del 2018, Carlos Alberto González Palafox, con quien Fernando Jiménez Ochoa, se coludió llegando llegando, para seguir haciéndole la vida imposible.

El lunes pasado, Diego acudió a una audiencia en Hermosillo por presunta responsabilidad administrativa ante la Jefa del Departamento de Responsabilidad de la Visitaduría Judicial y Contraloría del Poder Judicial del Estado Silvia Guzmán Partida, citada dentro del expediente 36/2018, abierto con motivo de una queja interpuesta por el juez González Palafox.

El visitador Roberto Carlos Quintana Mondaca, una especie de Sherlock Holmes del poder judicial, hizo un batidero de su investigación.

Ni Joaquín “El Chapo” Guzmán, estuvo tan atiborrado de cargos y de testigos protegidos en contra, como en el procedimiento armado ex profeso a Diego.

Caso Chocorrol

El agua que derramó el vaso, fue el proyecto de resolución presentado por Diego al juez penal, en donde proponía se dictara auto de libertad por prescripción de la acción penal al abogado José Alberto Rodríguez García, dentro del proceso 10/2018, recomendación que el juez tuvo a mal, optando por emitir auto de formal prisión en contra de “El Chocorrol”, quien ni tardo ni perezoso lo impugnó vía el amparo número 1382/2018, que el Juez Décimo Segundo de Distrito tuvo a bien otorgar posteriormente.

El juez González Palafox, junto con su acople Fernando Jiménez Ochoa, el día en que vencía el término constitucional –consta en actas— en el expediente de “El Beto”, se fueron a buscar casas de rentas para el recién llegado.

Por ese diferendo el juzgador de marras ha expresado pérdida de confianza –también consta en actas-- convirtiendo a Diego “en el primer trabajador de confianza sin ella”, le comentan con sorna sus allegados, ante el derrotero que está tomando el acoso en su contra y que tiene al resto del personal de los otros juzgados con la atención puesta en su llamativo e inusual caso, que raya en lo paranormal. Carlos Trejo, el investigador de casos raros y de aparecidos, les quedó corto a los mandones del juzgado penal.  El tiro es de locura.

Ya hasta la doctora Rosa María Polo de Caso Cerrado, dicen anda buscando al Diego, para que le exponga su nada común asunto.

Como puede observar el amable lector, en los tribunales porteños, dignos del Manicomio sin bardas, también se cuecen habas y se ocupa más que una baldeada con Fabuloso, para limpiar el rostro del Poder Judicial, que buena falta le hace…